Santiago Peña cumple un mes como presidente: Sepa cuáles fueron sus primeras decisiones

Tras haber asumido la presidencia de Paraguay el 15 de agosto pasado, Santiago Peña cumple este viernes su primer mes de mandato, tiempo en el que, en medio de críticas y mucha tensión, ya llevó adelante una serie de medidas económicas y políticas.

Este 15 de setiembre se cumple el primer mes de que el cartista Santiago Peña se convirtió en el presidente número 51 de la República de Paraguay, tras haber sido electo con el 42,74% de los votos en los comicios del 30 de abril pasado.

En medio de cuestionamientos por el copamiento de poder colorado, llamativos nombramientos y tensiones diplomáticas, el mandatario trató de enfocar sus esfuerzos en reducir el gasto público, impulsar la economía, la lucha contra la corrupción y el contrabando y mejorar las condiciones sociales.

Ya desde antes de jurar en el cargo, el mandatario comenzó a designar a sus ministros, pero esto ya se tornó discutible, debido a que todos eran leales o afines al ex presidente Horacio Cartes ―designado significativamente corrupto y sancionado financieramiente por Estados Unidos― y entre ellos hay varios denunciados.

 

La polémica por sus nombramientos continuó hasta después de su juramento, intensificándose aún más cuando Peña decidió nombrar a varios de sus ministros como consejeros de la Itaipú Binacional, pese a los pedidos de diversos sectores para que la renegociación del Anexo C sea una causa nacional.

 

Esto fue bastante cuestionado por varios referentes de la sociedad que calificaron de inconstitucional dicha desición. Entre ellos está el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, quien fue tajante al decir que no se puede designar a ministros como consejeros en Itaipú por una incompatibilidad.

El jefe de Estado también fue criticado porque hasta poco después de asumir no se ocupaba de asignar a las autoridades que estarían al frente de carteras abocadas a sectores históricamente desprotegidos, como el Instituto Nacional del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Mientras tanto, días después, barrió a varios allegados al ex mandatario Mario Abdo Benítez del servicio consultar en el exterior, como la ex ministra de Justicia Cecilia Pérez, la hija del senador Juan Afara, el hermano del diputado Miguel Cuevas y la asesora de imagen de la ex primera dama, entre otros.

En medio de todo esto, también se generó una tensión para Peña, ya que saltó a la luz que un hombre que trabajó para la seguridad de un capo narco brasileño también le habría prestado servicios de protección durante un acto electoral en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, en plena campaña electoral, aunque el mandatario lo negó.

 

 

Repentina Cumbre de Poderes

Seguidamente, el domingo 20 de agosto por la mañana, Peña realizó una repentina convocatoria para una Cumbre de Poderes, que fue desarrollada ese mismo día en Mburuvicha Róga con mucha reserva o secretismo.

En la ocasión, estuvieron presentes el vicepresidente Pedro Alliana; el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Silvio Beto Ovelar; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.

Al finalizar, los asistentes coincidieron en que el encuentro tuvo como eje central la lucha contra la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas, comprometiéndose a elaborar estrategias en conjunto para el combate a dichos flagelos.

Posteriormente, se firmó un acta de compromiso de creación de una “estrategia nacional” de combate a la corrupción, pero el Poder Ejecutivo anunció que recién el 24 de noviembre darían a conocer las acciones en ese marco.

Mientras tanto, el 23 de agosto, Santiago Peña promulgó la ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que está encabezada por Carlos Fernández Valdovinos y que absorbe funciones del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social.

 

Ante la creación de dicha cartera de Estado, tampoco faltaron las críticas, sobre todo porque varios legisladores de la oposición lamentaron que se esté “coartando el debate”, ya que se sancionó a las apuradas, sin respetar un acuerdo unánime de tratar la iniciativa recién en 15 días.

En tanto, una medida que fue celebrada por la ciudadanía poco después fue la reducción del gas de uso doméstico y de todos los tipos de combustible en Petróleos Paraguayos (Petropar).

Al realizar el anuncio, Peña señaló que esto se logró tras realizar ajustes administrativos en la estatal, que incluyó el despido de alrededor de 500 trabajadores. Se espera que la medida se mantenga por lo menos hasta octubre.

Luego, para el 28 de agosto, el presidente llevó a cabo la primera reunión del Consejo de Ministros de la República, donde les bajó varias líneas de su nuevo gobierno; les instruyó a armar sus “equipos de confianza”, a trabajar juntos en varios sectores, pero les prohibió de forma tajante hacer “lobbies individuales” para sus presupuestos.

Como una medida social, ya el 30 de agosto, el mandatario informó que decidió que el programa Tekoporã se reconvierta a Tekoporã Mbarete con un aumento del 25% para que los beneficiarios puedan “tener dinero en el bolsillo”.

Se trata de un programa destinado a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, y es otorgado a un titular, que pueden ser niños y niñas de 0 a 14 años y/o adolescentes de 15 a 18 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Tensión con Argentina

Durante su primer mes como presidente, Peña se vio también obligado a lidiar con un gran desafío en el ámbito de las relaciones internacionales, debido a que se generó una gran tensión con Argentina, ante el cobro unilateral del peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay que impuso el Gobierno del vecino país y que derivó en la retención de barcazas paraguayas.

Mientras Argentina se mantiene en que tiene “el derecho” al cobro del peaje, Paraguay y sus países vecinos siguen apelando a que dicha medida sea eliminada o que sea establecida de forma conjunta entre todos los Estados que firmaron el Tratado de la Hidrovía.

Ante el conflicto, Peña anunció que Paraguay solicitará, con el apoyo de Bolivia, Uruguay y Brasil, un arbitraje para destrabar el caso, así como se presentará una denuncia en los tribunales del Mercado Común del Sur (Mercosur).

La situación también se suma a que se viene arrastrando otro conflicto con Argentina por los flujos de pago de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El país vecino adeuda USD 150 millones, pago que es requerido por Paraguay, mientras que Argentina alega que el lado paraguayo debe saldar una deuda histórica por la construcción de la hidroeléctrica.

Nuevas medidas económicas

Finalmente, la última acción de Peña fue presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece “medidas extraordinarias de las finanzas públicas”, con las cuales busca saldar las cuentas del Gobierno con las constructoras y las industrias farmacéuticas.

Según explicó el ministro de Economía, se trata de una normativa mediante la cual, una vez aprobada, el Poder Ejecutivo tendría vía libre para emitir bonos soberanos o acceder a empréstitos de organismos multilaterales, sin necesidad de volver a pasar por estudios legislativos.

Además, también establecería un proceso de convergencia en cuanto al déficit fiscal hasta el 2026, llegando a un 1,5%; un plan para eliminar cargos vacantes y redireccionar los montos a los sectores prioritarios, así como utilizar los royalties que no son desembolsados a los municipios o gobernaciones para los sectores más necesitados.

No obstante, si bien Peña se jacta de buscar mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, antes que reducir los salarios, otra de sus primeras disposiciones fue incluir en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, el aumento de su propio salario, del vicepresidente y de los ministros.

De acuerdo con el presupuesto actual, Peña percibe cerca de G. 38 millones como sueldo, mientras que por gastos de representación también accede a casi G. 5 millones. Con el aumento su sueldo llegaría a los G. 40 millones.

Por su parte, los ministros que por el momento tienen un salario de G. 22 millones, en caso de aprobarse el reajuste, pasarán a ganar unos G. 28 millones, mientras que los viceministros, de G. 17 millones, cobrarán G. 25 millones.

Fuertes desafíos en seguridad

Si bien economistas destacan un ambiente favorable para Paraguay en el nuevo gobierno, en contraste, varios analistas afirman que el cartista deberá afrontar desafíos principalmente en cuanto a seguridad durante toda su gestión.

La situación de la inseguridad ha sido una constante en todo el país en los últimos años y durante el primer mes de la presidencia de Santiago Peña no ha sido la excepción, por lo que varios sectores cuestionan que aún no haya implementado medidas eficientes para erradicarla.

De acuerdo con los datos del Atlas de la Violencia, Corrupción y Crimen Organizado, los casos de sicariato van en aumento desde el 2018, registrando su pico máximo en el 2022. De 54 casos en el 2018, estos crímenes por encargo se dispararon a 320 durante el año pasado.

Juan Martens, criminólogo y uno de los autores de la investigación, afirmó que el sicariato es la expresión del crimen organizado y como muestra del avance del mismo en nuestro país, vemos que estos crímenes por encargo se extendieron de la frontera al centro y la capital.

Otro tema importante es la violencia contra la mujer y feminicidios que van en aumento en el país. Desde el 2019 hasta la actualidad, se mantiene un promedio de tres casos mensuales. Incluso en el 2023, con datos hasta agosto, el promedio se mantiene igual que en los últimos cuatro años.