Promulgan ley de la Función Pública y Servicio Civil

El presidente Santiago Peña firmó la promulgación de la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, a la cual describen como una legislación que promueve las contrataciones por méritos académicos y no por ser “pariente de”.

La nueva ley 7445 establece las disposiciones generales que rigen la función pública, desde ingresos, ascensos, permanencias, competencias, etc. Busca que los cargos sean ocupados por los más capaces y los que mejor se preparen.

Si bien es aplicable a toda actividad de función y empleo público que derive de un nombramiento o contrato en las instituciones públicas, respetando la autonomía de cada una, no será aplicada de manera directa en ciertas carreras como: la judicial, la docente en todos sus niveles, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la militar y la policial.

El artículo 14 establece que el concurso público es la única vía de ingreso a la función pública, salvo los casos regulados de otra manera en la Constitución o en las leyes. El acceso de otra manera será nulo.

Quedan exceptuados de la presente disposición los funcionarios públicos que hayan ingresado a la función pública para ocupar los puestos de asesores o los cargos de confianza previstos en las leyes especiales que regulan las distintas carreras de la función pública.

Desde la Presidencia resaltan como algunas novedades de la ley los siguientes puntos:

Se premia la meritocracia mediante concursos y evaluaciones

Reconocen la vigencia de carreras especiales como docencia, medicina y enfermería

Régimen y protección legal a los contratados, siempre que ingresen por concurso de mérito

Ascenso vertical y horizontal de los funcionarios que acrediten los méritos exigidos

Se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para crear un servicio público de calidad

Se busca que permanezcan las personas más capaces

Algunas inhabilidades o hechos que impiden ingresar a la función pública son: estar cumpliendo una pena carcelaria, haber sido condenado por hechos punibles contra el estado o por delitos de naturaleza electoral, haber recibido una inhabilitación para ocupar un cargo en la función pública, gozar de jubilación, haberse acogido a planes de retiro voluntario, etc.

Fuente: Diario Hoy