Nueva requisa en la cárcel de PJC termina sin hallar armas hurtadas tras cambio de director

En un operativo desplegado durante la madrugada de este jueves (5), fuerzas policiales y agentes del Ministerio de Justicia realizaron una nueva intervención en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El procedimiento, que inició en el final de la madrugada, tuvo como objetivo principal la localización de cinco pistolas hurtadas del parque de armas el pasado fin de semana, hecho que ya

El comisario general inspector Osval Lesme Mendoza, titular de la Dirección de Policía de Amambay, informó que la requisa se centró en el denominado Pabellón S, también conocido como el Pabellón Cristiano. La movilización respondió a datos procesados por el servicio de inteligencia del Ministerio de Justicia, que sugerían que el armamento podría estar oculto en dicho sector.

A pesar del despliegue de una dotación considerable de efectivos, el comisario Lesme confirmó que la búsqueda fue infructuosa. "No hemos obtenido el resultado deseado, que era ubicar, incautar y recuperar las armas desaparecidas", lamentó el jefe policial, subrayando que, aunque la policía brindó el apoyo táctico, la información fue recabada y gestionada por los interventores de la institución penitenciaria.

La crisis desatada por el hurto de las armas derivó en la destitución inmediata del abogado Adán Jesús González Álvarez como director del recinto. En su lugar, el Ministerio de Justicia nombró como interventor a Christian Ronald Ortiz Claverol, mientras que el control operativo durante la requisa de esta mañana estuvo a cargo del subcomisario Douglas Cáceres.

En el ámbito judicial, el agente fiscal Andrés Cantaluppi mantiene bajo investigación a cuatro funcionarios penitenciarios identificados como José Asunción Figueredo Vera, Celso Romel Quevedo Añasco, Eugenio Odilón Silva Vázquez y Venancio González Cáceres. Los mismos han sido imputados por hurto especialmente grave y ya cuentan con prisión preventiva, tras detectarse que estaban de guardia en la armería al momento de la desaparición de los dispositivos.

Las autoridades manejan con cautela la trazabilidad de las pistolas, las cuales se encontraban en desuso y listas para ser entregadas al departamento de patrimonio. La principal preocupación de los investigadores, incluyendo a la unidad de Crimen Organizado, es que el armamento haya sido entregado a facciones criminales internas para fortalecer su poder de fuego o comercializado en el mercado negro de la frontera. El comisario Osval Lesme Mendoza evitó dar detalles adicionales sobre posibles pistas nuevas para no interferir con las pesquisas que continúan bajo la dirección del Ministerio Público.

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