Juez aclara los motivos de la guarda de la menor autista agredida concedida a pastores

El juez Edison Escobar, explicó en conferencia de prensa que otorgó la guarda provisoria de la niña de seis años con autismo a una pareja de pastores para garantizar su protección, prioridad e interés superior, tras comprobarse su vínculo afectivo. Al mismo tiempo afirmó que sus padres serán sometidos a estudios.

El magistrado Edison Escobar, titular del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno de Pedro Juan Caballero, brindó este miércoles (22) una conferencia de prensa para aclarar los alcances de la resolución judicial. La medida, que genero diversas posturas, otorgó la guarda provisoria de la niña de seis años a una pareja de pastores evangélicos tras los graves hechos de violencia sufridos a manos de su padrastro.

En sus declaraciones, el juez precisó que la medida cautelar de urgencia responde al interés superior de la menor y fue solicitada formalmente por la defensora pública Paloma Villanueva, desmintiendo que se haya concedido a pedido de la madre. Durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas en la audiencia, se constató que la pequeña se sentía tranquila únicamente con los religiosos.

"La medida cautelar fue otorgada a favor de estos señores atendiendo a que en este momento la niña nada más con ellos se sentía en calma", afirmó Escobar.

Por su parte, la defensora pública, Paloma Villanueva, en charla para Urundey 103.3 FM, acotó que los pastores son vecinos que cuidaban a la víctima desde que tenía 3 años, por lo que existe entre ellos un profundo lazo afectivo.

El juzgado dispuso una orden de alejamiento e impuso la prohibición de acercamiento contra la madre y el imputado, ordenando además controles aleatorios a la Comisaría Primera. En contrapartida, la resolución no prohíbe las visitas del padre ni de la abuela paterna, quienes continúan en el proceso de evaluación para la custodia.

Ante las acusaciones cruzadas de adicción formuladas entre la pareja de progenitores, se ordenó la realización de test psicológicos y toxicológicos a ambos en el Hospital Regional. Asimismo, se dio intervención al Consulado en Ponta Porã para elaborar un estudio socioambiental sobre la residencia paterna y recabar informes escolares de la menor en Brasil.

El juez afirmó también que la niña, siendo de nacionalidad brasileña, percibe un subsidio estatal en el vecino país por su condición de salud. También salió a la luz que la madre tiene otros dos hijos: un niño de 2 años que vive con los abuelos paternos en Ciudad del Este y un bebé de tres meses con el agresor denunciado quien se encuentra imputado y cumpliendo prisión preventiva.

Respecto al reclamo del padre, quien afirmó haber denunciado la desaparición de su hija ante la Interpol tras haber sido llevada de Brasil hace ocho meses, el juez aclaró que el juzgado no recibió ninguna comunicación previa de instituciones policiales o fiscales. El magistrado concluyó que en los próximos días emitirá una resolución para definir el destino de la menor una vez recibidos los informes solicitados.

Los nombres de la menor afectada, de su madre, de su padrastro, de su padre y demás familiares, se omiten en cumplimiento del artículo 29 del código de la Niñez y Adolescencia, que prohibe la difusión de datos que posibiliten identificar a menores en situación de hechos punibles, ya sea en condición de víctimas o victimarios.

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