Fiscalía y Defensa en pugna tras anulación de condena a policías por presunto plantado de droga

Agentes policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ya se encuentran en libertad luego de que el Tribunal de Apelaciones resolviera anular la sentencia que los condenó por supuesto montaje y extorsión en un caso que data de 2019. La decisión, desató un fuerte debate jurídico entre la defensa, que alega pruebas "envenenadas", y la Fiscalía, que sostiene la validez de su investigación.

El defensor público Ricardo Beraud, representante de uno de los uniformados, calificó la anulación como un acto de justicia ante procedimientos viciados. Según explicó a Urundey FM, la condena original (de entre 5 y 8 años) se sostuvo sobre bases frágiles.

Beraud denunció que el perito que analizó los circuitos cerrados no estaba matriculado por la Corte Suprema al momento de actuar. "Hizo el dictamen un año antes de obtener su matrícula", afirmó. La defensa cuestionó el origen de los videos del sistema 911 utilizados como prueba. "No se demostró cómo esa filmación llegó a la causa; aplicamos la doctrina del fruto del árbol envenenado", sentenció el abogado.

Los oficiales Alcides Villa, Nelson Solís y Jhonny Jiménez abandonaron la Agrupación Especializada el pasado 9 de enero, tras cumplirse el plazo de la pena mínima para los delitos acusados mientras esperaban la resolución de la apelación.

Por su parte, la agente fiscal Katia Uemura minimizó los cuestionamientos de la defensa y aseguró que la anulación de la sentencia no implica la impunidad de los procesados.

Uemura defendió al profesional del Laboratorio Forense, argumentando que el Código Procesal Penal exige "expertise" y título habilitante (licenciatura en informática), requisitos que el funcionario cumplía, independientemente de la matrícula administrativa. La fiscal explicó que los videos provienen de una causa anterior por narcotráfico que dio origen a la denuncia contra los policías. "El origen es el sistema 911; es un punto de debate jurídico que veremos en el segundo juicio", sostuvo.

Para la representante del Ministerio Público, las pruebas no fueron anuladas, sino su valoración por parte del tribunal anterior. "Estoy convencida de que la obtención de la prueba se realizó bajo las reglas del Código", puntualizó.

Con la anulación confirmada, el proceso vuelve a foja cero para la etapa de juicio oral. Esto obliga a la conformación de un nuevo Tribunal de Sentencia con jueces que no hayan intervenido previamente, una tarea compleja debido a la escasez de magistrados disponibles en la región.

El nuevo juicio deberá dar especial hincapié a las observaciones de la Cámara de Apelaciones, centradas principalmente en la legalidad del peritaje y la trazabilidad de los circuitos cerrados que incriminan a los agentes en el supuesto "plantado" de drogas ocurrido en diciembre de 2019.

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